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Cuando el Estado colombiano necesita construir una autopista, levantar un hospital, adquirir una flota de transporte o modernizar la infraestructura de un departamento, no puede elegir a un proveedor a dedo. La ley colombiana exige adelantar un procedimiento reglado, público y altamente competitivo denominado licitación pública.
Cada vez que una alcaldía pavimenta una calle, un ministerio moderniza sus computadores, un hospital adquiere medicamentos o una entidad vincula asesores especializados, interviene una herramienta legal indispensable: el contrato estatal.
En el debate público, en las noticias y en los trámites legales cotidianos suele invocarse una frase definitiva: "eso es inconstitucional". Sin embargo, pocos ciudadanos se detienen a explorar qué es realmente ese libro fundamental que rige nuestras vidas, cómo se construyó y por qué goza de una jerarquía superior a la de cualquier presidente, juez o congresista.
